La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto recientemente una cuantiosa sanción a un centro odontológico madrileño por realizar una llamada comercial a una persona que se encontraba registrada en un sistema de exclusión publicitaria. El procedimiento sancionador, que fue iniciado tras la denuncia de la persona que recibió la llamada comercial, finalizó con la imposición de una multa de 5.000 euros, reducida finalmente a 3.000 euros.

¿Qué es un sistema de exclusión publicitaria?

Un sistema de exclusión publicitaria es un mecanismo diseñado para que las personas puedan ejercer su derecho a no recibir publicidad no deseada. Se trata de un registro en el que los interesados pueden inscribirse voluntaria y gratuitamente para evitar que sus datos personales sean utilizados con fines de prospección comercial.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), obliga a las empresas que realicen acciones comerciales a consultar estos sistemas de forma previa a dichas acciones, con la finalidad de evitar enviar publicidad a los interesados que hubieran manifestado su oposición.

En España, el sistema más conocido es la Lista Robinson, gestionada por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital).

La importancia de escoger proveedores de confianza

En las labores de inspección, la AEPD pudo determinar que el número que emitió la llamada comercial pertenecía a una empresa de publicidad digital, la cual reconoció haber realizado la llamada con motivo de la campaña concertada entre esta y el centro odontológico.

Además, la empresa de publicidad reconoció que los datos del reclamado fueron obtenidos de una base de datos adquirida de un tercero y que realizaron las acciones comerciales sin tomar la precaución de revisar por su cuenta la lista Robinson para corroborar estos datos.

No obstante, el proceso sancionador se dirigió contra el centro odontológico como responsable del tratamiento y no contra la empresa de publicidad, pues es aquel quien debe escoger a proveedores de confianza que aporten suficientes garantías de cumplimiento.

Estos hechos ponen de manifiesto la importancia de acudir únicamente a proveedores de confianza que aporten garantías concretas de cumplimiento. En caso de subcontratar acciones comerciales directas, es altamente recomendable que contractualmente el proveedor aporte las siguientes garantías:

• Los datos han de ser obtenidos lícitamente.
• Los destinatarios de las acciones comerciales han tenido que consentir previamente recibir esta clase de publicidad.
• El proveedor debe consultar previamente los sistemas de exclusión publicitaria.

Obligaciones incumplidas

Por todo lo anterior, el reclamado vulneró dos imperativos legales:

• El derecho de los usuarios a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, consagrado en el art. 66.1 b) de la Ley General de Telecomunicaciones.
• La obligación de consultar los sistemas de exclusión publicitaria de forma previa la realización de las acciones comerciales directas, dispuesto en la LOPD-GDD.

La Agencia determinó que los hechos descritos constituían una infracción tipificada como leve, imponiendo una multa administrativa de 5.000 euros, aunque posteriormente y tras aplicar dos reducciones, por asunción de la responsabilidad y pago voluntario, se estableció una sanción de 3.000 euros.

En este contexto, si su empresa realiza campañas de marketing directo o subcontrata servicios de prospección comercial, es imprescindible asegurarse de que se cumplen todas las obligaciones en materia de protección de datos. En Microlab, le ayudamos a garantizar que sus prácticas comerciales respeten los derechos de los usuarios y eviten riesgos legales innecesarios.

No dude en consultarnos. En Microlab estamos a su disposición para que su empresa pueda llevar a cabo acciones comerciales con plena seguridad jurídica, reforzando la confianza de sus clientes y evitando sanciones por incumplimiento.